home2 La Revista Juridica
Durante los primeros seis meses del año pasado, las 74,000 habitaciones hoteleras del país registraron una ocupación promedio del 82 %, la más alta de la región. Se estima que para el 2019 el país contará con 98,000 disponibilidades, cerca de la mitad de ellas en la zona turística de Punta Cana. La contribución directa e inducida de la industria en el 2015 al producto interno bruto superó los RD$ 500 mil millones, equivalente al 16 % del PIB, y la participación directa e inducida en el empleo fue superior a los 597 mil puestos de trabajo.
A pesar del crecimiento sostenido de la oferta turística y de su impacto en la generación de empleos, ingresos y divisas, nuestra tasa de competitividad en el sector está muy baja. Según el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo de 2017, elaborado por el Foro Económico Mundial, la República Dominicana quedó muy alejada de los líderes de la región al ocupar la posición 76 y la posición 13 de los veinte países incluidos para la región de América Latina y el Caribe. A pesar del eufórico optimismo que siempre ha alentado el auge de la industria, todavía falta mucho por hacer. Uno de los puntos pendientes es la revisión del modelo de desarrollo turístico y su repercusión social en las localidades de entorno, zonas ancestralmente deprimidas.
La industria turística, beneficiada con generosas concesiones e incentivos, no ha sido tan socialmente retributiva como se esperaría. Es cierto que mueve el empleo, los ingresos y las divisas, pero ese aporte no se concretiza en la medida que debería hacerlo en la calidad de vida de las regiones en las que influye. Esa realidad ha obligado a una oferta de servicios de “fortaleza” en la que la estancia del visitante queda atrapada entre las murallas de los resorts sin enlaces vivenciales con las comunidades del entorno. Tender ese puente es esencial para diversificar y hacer más competitiva la oferta, pero ello supone grandes inversiones en seguridad, estructuras, limpieza y tránsito de esas localidades.
Los gobiernos han hecho mucho por el desarrollo de infraestructuras viales de los grandes polos, pero no ha podido evitar que muchas de esas comunidades se conviertan en antros sociales que amenazan la estabilidad y, en algunos casos, la sostenibilidad de las ofertas. Tampoco los ayuntamientos reciben los ingresos necesarios para asumir esas ejecuciones. Es tiempo de repensar la estrategia y fomentar las iniciativas asociadas entre el sector privado con el gobierno central y el municipal. No es justo que esos pueblos solo se beneficien del empleo; se impone un esfuerzo coordinado de todos los actores involucrados para que el turista sepa que llegó al país y no a la república de Punta Cana.
(edición núm. 370, diciembre 2017-enero 2018)