Ahora que se remozan las intenciones de una reforma al Poder Judicial, se impone la crítica sana. En ese interés dejamos, como reflexiones sueltas, algunas valoraciones para que sean ponderadas con espíritu autocrítico.
Si hubiera alguna imagen que recogiera el estado de la Justicia dominicana, sería la poquedad. Sí, ese sentido de baja estima o de escaso aprecio por su propia dignidad. Vemos un Poder Judicial cansado, rendido y sin ánimo para trascender más allá de lo que propone la rutina. Nuestros jueces se asumen como simples piezas de un engranaje pesado y lento que hay que mantener en marcha por simple obligación. El principal desafío de la renovación de la Justicia es luchar contra su propio tedio: esa sensación de desgano que hace de su desempeño un ejercicio absolutamente mecánico.
Como usuarios calificados de los servicios judiciales hemos tenido que esperar una sentencia por años; cuando por fin la obtenemos, nos queda el sabor metálico de la sinrazón al leer cómo en cuatro o cinco párrafos se diluye la oportunidad de una motivación digna o, peor, cuando la sentencia trae la ominosa firma de un juez interino que resuelve el caso con la misma precariedad o sospecha de su intervención. La intención parece ser la de agregar un número más a las estadísticas, y punto. Es consabido que a los jueces les encanta que les sometan incidentes para eludir con su aceptación la obligación de conocer el fondo. Esa propensión, comprobada o no, es otro síntoma de la dejadez. Y es que un juez, al margen de sus méritos y hoja académica, se mide por sus fallos y estos dejan mucho que desear.
Otro grave condicionamiento que ata al juez a este precario desempeño es el miedo; sí, esa autocensura para resolver un caso de acuerdo a la apreciación objetiva de la prueba o a la construcción de su propia convicción. Las presiones de los medios y de los demás poderes, especialmente el político, convierten al juez en reo del temor. Es que tampoco los altos mandos de la magistratura han hecho grandes aportes para cambiar ese patrón de conducta. Basta considerar que todavía es el momento en que ni el Consejo del Poder Judicial ni la Suprema Corte de Justicia han hecho algo relevante frente al Poder Ejecutivo para hacer respetar la ley en lo relativo a la asignación presupuestaria del Poder Judicial. Cuando un poder admite sin reparo este agravio, evidencia una consideración muy pobre de su dignidad.
No entraremos en las causas de ese ánimo; es evidente que late como mal sistémico. Hacemos la siguiente advertencia constructiva y hasta premonitoria: si no se considera esta realidad como base de trabajo, cualquier cambio será ornamental. Le corresponderá al Consejo del Poder Judicial levantar diagnósticos y proponer correctivos. Pero hay condiciones obvias que militan a favor de esa práctica apocada, monótona e intrascendente, y no solo es de salarios, cuyo incremento se impone; tiene que ver con una mejor y mayor asistencia de personal competente, con cambios en el ambiente de trabajo, con políticas de compensación y promoción, entre otros. Pero elevar la autovaloración del juez dominicano es una premisa innegociable para cualquier plan de rescate institucional. Porque el respeto empieza en uno mismo.
[Edición núm. 392, diciembre 2019 – enero 2020].