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El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 28-23, que Regula el Fideicomiso Público en la República Dominicana y establece un marco legal para su organización, estructura y funcionamiento. La ley estipula que la constitución de los fideicomisos públicos estará sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo mediante decreto y deberá cumplir con el artículo 128, numeral 2, de la Constitución de la República, en casos específicos. Asimismo, garantiza que las compras y contrataciones públicas en el marco del fideicomiso público se rijan por la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, Obras y Concesiones, y sus modificaciones. La supervisión y regulación de los fideicomisos públicos recaerá en el ente gubernamental participante en el fideicomiso, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores, según corresponda, en función del objeto del fideicomiso. La norma también aborda las sanciones administrativas, y establece un sistema de clasificación de infracciones en muy graves, graves y leves. La Superintendencia de Bancos tendrá la facultad de imponer sanciones a las fiduciarias, siguiendo los criterios establecidos en la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.