¿Dominican laundry?

La República Dominicana ha revelado una relación desproporcionada con la capacidad de sus fuentes generadoras de bienes y servicios. Este cuadro es sintomático; evidencia el impacto de la economía sumergida que subyace en fuentes no declaradas de riqueza. Se percibe un volumen y flujo de actividades de cuantificación inexacta porque operan de manera encubierta o paralela a la formal y sin instrumentos precisos de cálculo.

Esta realidad no es fortuita. La República Dominicana es puente natural de la droga procedente de Colombia, Venezuela, Perú y México hacia los Estados Unidos. Una ruta sólidamente establecida desde hace treinta años, pero con una variable: antes las retribuciones se hacían con dinero; ahora, con droga. Esto ha convertido a la República Dominicana en un destino de consumo y comercialización internos. Por otro lado, la imagen del país se asocia a la de un paraíso para el lavado, una jurisdicción con débiles controles institucionales y un modelo de inversión permisivo.

Mientras en el mundo aumentan los controles para filtrar las inversiones producidas por el crimen económico transnacional, en la República Dominicana se garantiza su libre movilidad. No existe una estructura institucional robusta que dificulte su incorporación a la economía. Al contrario, cada vez que aisladamente se alude al tema de regulación y control, la reacción de un sector económico influyente es la de intimidar a los gobiernos con la excusa de que tales políticas constituyen trabas a la competitividad. Al amparo de este argumento se impone una cultura corporativa basada en el fraude, la evasión y la corrosión social.

Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los países, aun de tercer mundo, adoptan medidas de filtración para esos capitales a través de un ordenamiento restrictivo de políticas públicas que incluye los siguientes controles: a) sistemas sofisticados de rastreo de capitales; b) medidas en contra de los paraísos fiscales; c) reformas a las regulaciones societarias para fortalecer el corporate governance; d) tratos diferenciados para la operación de sociedades de jurisdicciones offshore; e) fortalecimiento de las regulaciones y supervisiones de los mercados financieros y de valores; f) sanciones penales a las personas morales; g) controles para los movimientos de capital o las transacciones financieras y bancarias internacionales; y h) ampliación de los registros públicos para las sociedades extranjeras. Esa dinámica es todavía ajena a la República Dominicana que, con base en la conjuración de muchas de estas “trabas”, se ha convertido en una oferta platinum para el lavado internacional. Hoy el país es un gran casino insular con aire libertino que seduce al capital ocioso.

Un aspecto muy sensible en el análisis de esta realidad es el de la transparencia, responsabilidad y ética corporativas, tema siempre omitido en el estudio de la corrupción. Solo se condena la corrupción pública como si viviéramos en una nación donde el Estado controlara los medios de producción y centralizara la economía. Existe una profunda responsabilidad solidaria entre el sector público y el privado en la prevalencia de uno de los estados de corrupción más altos del mundo.

La percepción promovida por cierto sector privado de considerar la corrupción como un mal solo del Estado, sin que trascienda a la vida empresarial, no es legítima. Y si estas consideraciones resultan urticantes, basta indicar que la República Dominicana se convirtió en el cuarto país de los de América Latina con peores resultados en instituciones privadas, después de El Salvador, Paraguay y Venezuela, según el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial de 2017-2018. Este estudio mide la competitividad de las instituciones privadas utilizando dos grandes indicadores: la ética corporativa y la responsabilidad de rendición de cuentas.  En el primer renglón ocupamos la posición 110, la cual nos convierte en el quinto país con peores resultados dentro de los 114 países estudiados. En el segundo indicador, que toma en cuenta la fuerza de las normas de auditoría e información, la eficacia de los consejos administrativos, la protección de los intereses de los accionistas minoritarios y la fuerza de protección del inversionista, la República Dominicana se ubicó en la posición 84 de 114 países.

[Edición núm. 391, noviembre de 2019].

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