Editorial – Empresa y educación

Un grito nacional se cobija bajo la sombrilla amarilla para reclamar obediencia a un mandato legal desatendido: el 4 % del producto interno bruto (PIB) para la educación dominicana.

Esta iniciativa ha recibido lecturas distintas, dependiendo de la trinchera desde donde se disparan los juicios. Gaceta Judicial no le ha hecho eco ni a las apologías fanáticas ni a las detracciones irrazonables a esta cruzada. Nuestra posición, siempre independiente, responde a un sentido de prudencia y oportunidad. Hay en juego dos realidades objetivas contrapuestas: la legitimidad del reclamo frente a la posibilidad material de las finanzas públicas. Creemos que hay que buscar un compromiso nacional vinculante que establezca las bases, identifique las prioridades y defina el modelo en función de claros objetivos estratégicos en un plan de desarrollo del sector, tomando como punto de partida los diagnósticos de los expertos. Disponer fondos para provocar el cierre político de la sombrilla amarilla es insensato porque sería alimentar la corrupción y el remedio haría mas daño que la enfermedad. La experiencia reciente de los textos unificados es solo una muestra menuda de lo que sería el dispendio de recursos sin planificación. Sería perfumar con Oscar de la Renta una pocilga.

En este gran esfuerzo nacional hay que contar con el empresariado. Y no aquel oportunista que pesca en los grandes presupuestos para imponer sus agendas especulativas e influencias de poder en las contrataciones públicas, sino en uno de compromisos históricos con la educación. Contamos con instituciones privadas muy sólidas y moralmente solventes que han hecho de la educación una inversión social de alta responsabilidad corporativa. Entidades como EDUCA, FUNDAPEC y Fundación Corripio son apenas ejemplos de digna referencia. Creemos en esa visión empresarial con sensibilidad social. Hay una veintena de empresas dominicanas y extranjeras que han dedicado parte de sus presupuestos a la promoción de la educación y otras tantas lo harían si se crean las condiciones de confianza e incentivo. Abordemos este tema sin las prisas populistas, pero con la serena determinación de su urgencia.

Ahora el 4 % será una manida oferta de campaña. Todos dirán que lo asumirán. Más que eso, lo importante es ver su plan, saber si saben lo que dicen o prometen y si estarían dispuestos a sacrificar obras de rápido rédito político, como las de infraestructuras, por una atención real y consistente a una inversión de remoto retorno. Es tiempo de darle oportunidad al empresariado de conciencia a que proponga a los candidatos las bases de una alianza intersectorial necesaria y duradera. Esto es un problema de todos, pero no a todos nos anima el interés nacional.

Escriba al editor:taveras@fermintaveras.com; contacto@gacetajudicial.com.do

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