Una de las propensiones más notables de los Estados débiles es creer fortificarse con las leyes. La intención fallida en esa pretensión es que la norma pueda suplir los vacíos que no puede llenar la voluntad colectiva. El resultado es un Estado hiperregulado incapaz de generar por cuenta propia el respeto al orden, más cuando es la autoridad pública quien quebranta su propia legalidad.
La grandeza de una sociedad reside en la calidad de sus ciudadanos cuando estos son tributarios de la institucionalidad que se construye a través del ejercicio responsable de sus derechos y obligaciones. Aspirar a este estado de conciencia pública parecería iluso, pero debe ser el plan de ruta de nuestro desarrollo democrático.
Las leyes no podrán lograr lo que nosotros no somos capaces de entender ni hacer; ellas definen las bases, los procesos y las formas, pero jamás pueden activar las intenciones para obedecerlas. Eso explica el caótico hacinamiento de leyes superpuestas, repetitivas y contradictorias que han deformado nuestro ordenamiento jurídico frente a un estado sistémico de insolvencia institucional. No nos faltan leyes, pero sí mucha autoridad; nuestra crisis no es legislativa, sino de legalidad, de respeto y obediencia al orden.
El mejor gobierno no es el que construye, moderniza o legisla, es el que se somete a su legalidad. Ahí está el núcleo de nuestras quiebras. De nada vale construir grandes vías para un tránsito analfabeto, monumentos sin una memoria que honre, escuelas sin una docencia comprometida, infraestructuras sobrevaluadas o licitadas violando la ley o programas sociales para enajenar dignidades.
Hemos avanzado en condiciones materiales de existencia pero hemos regresado a concepciones primitivas de conciencia. El estadista inglés Benjamín Disraeli decía: “Cuando los hombres son puros, las leyes son inútiles; cuando son corruptos, las leyes se rompen”. Vale cumplir las que tenemos para darnos cuenta de que no las necesitamos porque como decía Descartes: “La multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios”. Más que leyes, queremos ciudadanos.
[Gaceta Judicial núm. 352, mayo 2016]