Editorial: Leyes que muerden

Hay leyes famosas, notorias y socorridas, no solo porque interesen a todos losciudadanos, sino por la calidad de los sujetos regulados o las esferas de su aplicaci贸n.

Ese no ha sido el caso de la Ley General de Defensa de la Competencia, n煤m. 42-08, una norma que, a pesar de su edad, ha permanecido en el virtual anonimato. La raz贸n es obvia: en una econom铆a controlada relevantemente por los oligopolios, promover una ley que sancione los abusos de su posici贸n de dominio no constituye precisamente un ejercicio c贸modo.

La Ley General de Defensa de la Competencia tiene por objeto promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia econ贸mica en los mercados de bienes y servicios. Su aplicaci贸n ha tenido callados inconvenientes y cortapisas. Un mercado de contados actores se resiste a la apertura, a la transparencia y a la lealtad.聽 Esta ley les impone los contrapesos racionales a su libre accionar.

La Ley n煤m. 42-08 crea la Comisi贸n Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) como organismo descentralizado del Estado con plena independencia administrativa, t茅cnica y financiera para promover y garantizar una competencia efectiva e incrementar la eficiencia econ贸mica en los mercados de productos y servicios. Su instalaci贸n ha encontrado indecibles inconvenientes; su accionar, aun m谩s; pese a todo, un colectivo de voluntades se ha mantenido fiel al inter茅s de preservar esta conquista de la democracia econ贸mica.

A pesar de la presteza y hasta ligereza con las que ciertos sectores econ贸micos critican la falta de transparencia y eficiencia de la gesti贸n p煤blica, nunca han soportado, con igual rigor, el escrutinio a su comportamiento en el mercado, mucho menos a pagar las consecuencias de sus excesos, como fijar precios, limitar la producci贸n, eliminar o impedir la entrada a competidores, entre otras pr谩cticas anticompetitivas.聽 Y es que una cosa son las tribunas y otra la realidad.

Alentamos al sector empresarial a respaldar los esfuerzos para fortalecer este espacio institucional y regulatorio como garant铆a de un clima sano de inversi贸n y competencia, consciente de que un mercado equilibrado es m谩s sostenible.

[Gaceta Judicial n煤m. 350, marzo 2016]

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