Editorial: Leyes que muerden

Hay leyes famosas, notorias y socorridas, no solo porque interesen a todos losciudadanos, sino por la calidad de los sujetos regulados o las esferas de su aplicación.

Ese no ha sido el caso de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08, una norma que, a pesar de su edad, ha permanecido en el virtual anonimato. La razón es obvia: en una economía controlada relevantemente por los oligopolios, promover una ley que sancione los abusos de su posición de dominio no constituye precisamente un ejercicio cómodo.

La Ley General de Defensa de la Competencia tiene por objeto promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios. Su aplicación ha tenido callados inconvenientes y cortapisas. Un mercado de contados actores se resiste a la apertura, a la transparencia y a la lealtad.  Esta ley les impone los contrapesos racionales a su libre accionar.

La Ley núm. 42-08 crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) como organismo descentralizado del Estado con plena independencia administrativa, técnica y financiera para promover y garantizar una competencia efectiva e incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios. Su instalación ha encontrado indecibles inconvenientes; su accionar, aun más; pese a todo, un colectivo de voluntades se ha mantenido fiel al interés de preservar esta conquista de la democracia económica.

A pesar de la presteza y hasta ligereza con las que ciertos sectores económicos critican la falta de transparencia y eficiencia de la gestión pública, nunca han soportado, con igual rigor, el escrutinio a su comportamiento en el mercado, mucho menos a pagar las consecuencias de sus excesos, como fijar precios, limitar la producción, eliminar o impedir la entrada a competidores, entre otras prácticas anticompetitivas.  Y es que una cosa son las tribunas y otra la realidad.

Alentamos al sector empresarial a respaldar los esfuerzos para fortalecer este espacio institucional y regulatorio como garantía de un clima sano de inversión y competencia, consciente de que un mercado equilibrado es más sostenible.

[Gaceta Judicial núm. 350, marzo 2016]