La verdad hay que decirla como es: no hay futuro para el Poder Judicial con un presupuesto como el que tiene.
Tribunales operando en contenedores, juzgados de paz sin instalaciones sanitarias (algunos con letrinas), expedientes apilados en el suelo por falta de espacio y archivos, salas destartaladas y calcinadas por el calor, al margen de otras carencias inéditas. A esa muestra hay que sumarle los 176 jueces pendientes de designar para 98 tribunales creados por ley. Lo injusto es la forma tan ligera y libertina con que juzgamos a la Justicia. Le exigimos un desempeño ideal cuando las condiciones materiales de su funcionamiento están por debajo de lo posible. Nuestros jueces son héroes cotidianos. Somos críticos draconianos de la Justicia por un fallo indeseado de un juez, pero callamos la actuación abnegada de otros tantos que ejercen con decoro su magisterio a pesar de las condiciones primitivas de su trabajo.
Por mandato expreso e imperativo de la Ley 194-04, al Poder Judicial le corresponde una asignación equivalente al 2.66 por ciento del presupuesto nacional. Ningún gobierno ni congreso ha cumplido. En doce años de vigencia, el porcentaje más próximo a ese monto ha sido un 2.04 en el 2006; en los demás años la aprobación presupuestaria no ha cruzado el dos por ciento. Eso no solo es inaceptable, sino bochornoso.
¿Cómo es posible que al Congreso dominicano le sobre dinero hasta para mantener una de las partidas más altas en publicidad oficial (que compite con las marcas comerciales más vendidas) mientras el Poder Judicial se debate en una subsistencia primitiva? Hoy, cuando el Poder Judicial reclama con toda justicia el cumplimiento de un mandato legal desatendido, nuestros legisladores se proponen un aumento salarial. Claro, el Poder Judicial no es un órgano político con rendimientos electorales. Esas son las asimetrías institucionales que en una administración racional no deben pasar.
Vaya nuestra voz solidaria al reclamo del Poder Judicial dominicano por el cumplimiento de la ley. Los derechos no se imploran, se ejercen; en caso contrario, se arrebatan. ¡El 2.66 % del presupuesto nacional para el Poder Judicial!, y punto…
(edición núm. 356, septiembre 2016)