Cualquier gobierno que pretenda una gestión racional de los recursos está obligado a revisar estructuralmente la Administración pública. Mantener ese enmarañado armazón es demencial. Nuestros déficits presupuestarios y de pagos se verían generosamente menguados con la racionalización de la burocracia estatal.
Yo empezaría analizando el efecto de suprimir cientos de instituciones públicas duplicadas, superpuestas o mantenidas únicamente para justificar nóminas; luego seguiría con el desmonte de toda partida publicitaria en instituciones que no prestan un servicio comercial o que por la naturaleza de sus actividades no precisen de campañas de educación, prevención o emergencia públicas. Son nichos infecciosos de corrupción. Los criterios reales de colocación de esa publicidad de fachada no son otros que el intercambio de favores electorales o prebendas camufladas.
En la Republica Dominicana hay un funcionario activo por cada veintidós habitantes. Pese a eso, la calidad del servicio es de bajos estándares, con la honra de ocupar el segundo lugar en América Latina en sobornos según la encuesta de Transparencia Internacional del año pasado. Por su opacidad, no se han podido cuantificar los ingresos disipados en la corrupción pública.
El gran salto competitivo de la República Dominicana no está en simplificar los trámites, en liberar de requisitos formales la constitución de empresas, en agilizar los registros de marcas, patentes y permisos o en mejorar la eficiencia en las respuestas de las agencias gubernamentales; esas son medidas que se entienden implícitas en las administraciones modernas. Esos logros (que todavía mantenemos como desafíos) son simples políticas cosméticas para mejorar la imagen o escalar puestos en los índices globales de competitividad.
Los Estados funcionales han hecho la transición de la mano de los principios del buen gobierno corporativo, de los criterios de la eficiencia, de los controles de la calidad del servicio, de la incorporación de la tecnología y del desarrollo del talento competente. Un técnico calificado hace el trabajo de treinta burócratas, y con mejor rendimiento. En ese esquema de gestión no se explica racionalmente que un funcionario pueda ocupar la dirección de cuatro ministerios distintos en menos de tres años, que un servidor público realice una actividad empresarial mientras lo sea y, en algunos casos, aún después, o que haya vínculos de parentesco entre funcionarios de una misma dependencia.
(edición núm. 380, noviembre de 2018)