Eso es correcto

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha sido muy reservado con la prensa. No es un hombre de fastidiosas exhibiciones públicas. En vez de anunciar proyectos inverosímiles, prefiere saber con qué cuenta. En eso ha estado ocupado desde que asumió el cargo.

Me embelesó una declaración reciente que le escuché decir: “Antes que reclamar la porción del presupuesto que le corresponde al Poder Judicial, prefiero saber en qué se está gastando lo que recibimos”. Esa es una opinión razonable, aunque de pocas simpatías en una sociedad de urgencias.

El tema no es cumplir con un mandato legal, sino en ejecutar una política racional y redituable del gasto. Ya nos basta con la penosa experiencia del cinco por ciento del PIB de la educación: un ministerio que en ausencia de planes y estrategias troncales no encuentra dónde invertir tanto dinero. Como consecuencia de esa realidad, se ha alimentado la práctica del dispendio en la gestión de una burocracia costosa, pesada y precariamente operante.

Es cierto, hay urgencias que no aguardan demoras, pero tampoco se debe actuar sin criterios de buena gestión. Es difícil sortear prioridades en una estructura judicial como la nuestra: tarda, premiosa y funcionalmente asimétrica. Hay tantos retos por delante que cualquier abordaje debe ser fruto de una estrategia visionaria que eleve a otra dimensión un Poder Judicial arrimado. Y es esa justamente la atención que ocupa al nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia. Eso nos complace.

El Poder Judicial reclama reformas estructurales en modernización de sus activos tangibles, como edificios, equipamiento, redes y logística; en calidad de la gestión de servicios —no solo en lo jurídico, sino en la adopción de un lenguaje claro y comprensible para el común de los ciudadanos—, en la digitalización de sus procesos, en la capacitación de su personal, así como en el impostergable aumento de los salarios y demás prestaciones.

Avancemos sin prisas populistas en el logro y consolidación de una Justicia fuerte, responsable y eficiente. Cualquier tarea inspirada en ese alto propósito debe convocar la buena voluntad de todos los actores. Es tiempo de una nueva reforma judicial que nos acredite en respeto como sociedad y nos sirva de garantía a un Estado de derecho huérfano de concreciones. Nos aferramos a ese sueño; es cuestión de decisión. ¡Vivamos el compromiso!

[Edición núm. 386, junio de 2019].

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