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JUDICIAL: Archivo definitivo de querella penal contra jueces
La Procuraduría General de la República dispuso el archivo definitivo de una querella con constitución en actor civil formulada el 28 de marzo de este año en contra de los jueces del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Este, Lorenzo Salvador Zorrilla Núñez y José María Vásquez Montero, y la secretaria de ese tribunal Brunilda Veras de Mota. En su dictamen con respecto al caso, el cual notificó al Consejo del Poder Judicial (CPJ), el procurador general adjunto y coordinador de procesos disciplinarios de la Procuraduría, Víctor Robustiano Peña, considera que no constituye infracción penal alguna los hechos denunciados por Valentín Richiez Serrano, Carlos Manuel Richiez, Miguel Emilio Richiez Serrano y Francisco Antonio Richiez Herrera en contra de los magistrados. Los querellantes alegaron que los jueces y la secretaria incurrieron en alegadas falsedades de escritura pública y uso de documento público falso en su perjuicio, durante el conocimiento una litis de terrenos registrados. El Ministerio Público afirmó que el hecho denunciado no reúne las condiciones para configurar las infracciones penales presuntamente cometidas por los querellados.
PODER JUDICIAL: Aprueban desconcentrar labores judiciales
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) aprobó la desconcentración de las labores del sistema de administración de justicia en el Departamento Judicial de Santo Domingo, con el propósito de aumentar los niveles de eficiencia y agilización de los procesos ventilados por los tribunales en esa demarcación. La decisión está contenida en el acta núm. 13/2016, mediante la cual dispone la designación de jueces itinerantes que desempeñarán funciones como magistrados de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, en la Instrucción, Tribunal Colegiado y Sala Penal. Las estructuras itinerantes que funcionarán en el Departamento Judicial de Santo Domingo serán apoyadas por un personal proveniente de esa jurisdicción, conformada por jueces de Paz que desempeñarán sus funciones como tales. Asimismo, el juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Manuel del Socorro Pérez García, tendrá a su cargo conformar la estructura itinerante que fuere necesaria, a fin de implementar las medidas.
INFORME: Instituciones cumplen Ley de Acceso a la Información
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó recientemente los resultados del segundo monitoreo de cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, correspondiente al año 2015. El monitoreo se hace a través del Observatorio para el Cumplimiento de la Ley por las instituciones, centralizadas, descentralizadas, órganos constitucionales, autónomas y adscritas, tomando en consideración una serie de parámetros que van desde el cumplimiento de la ley colocando las informaciones de la institución en su sitio web, calidad de la información relativa a la ejecución presupuestaria, declaración jurada de patrimonio de los que están obligados a presentarla, nóminas de funcionarios y empleados, procesos de compras y contrataciones públicas, y fácil interpretación de los datos aportados. En los resultados del segundo monitoreo de ADOCCO se destacan como entidades cumplidoras de la referida ley los ministerios de la Presidencia y Relaciones Exteriores, la Junta Central Electoral, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, Alcaldía del Distrito Nacional, los ministerios de Trabajo, de Interior y Policía, entre otras. El informe concluye en que los avances en el cumplimiento de la citada ley son evidentes puesto que, de unas doscientas acciones de amparo por negativa de información incoadas desde el 2009 al 2014, en el 2015 se redujo a una sola acción de amparo contra la alcaldía del municipio de Higüey, provincia la Altagracia.
LABORAL: Casi el 70 % de la población está afiliada a la seguridad social
A quince años de promulgada la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), casi el 70 % de la población está afiliada al Seguro Familiar de Salud (SFS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado. La afiliación al Seguro Familiar de Salud pasó de 46.2 % en diciembre 2011 a 68.5 % al cierre del primer trimestre del 2016, es decir un crecimiento de 2 millones 270 mil personas en estos últimos cinco años, informó el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez Modesto. “En el Régimen Subsidiado, que establece la protección de las personas más vulnerables, con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo, se incrementó la afiliación en 1 millón 313 mil, pasando del 46.6 % de cobertura en diciembre 2011 al 101.4 % al cierre del primer trimestre del 2016, para un total de 3 millones 271 mil personas registradas en el Senasa”, dijo. El funcionario informó que en el Régimen Contributivo, que protege a los trabajadores del sector público y privado formal y sus familiares, la afiliación llegó a 3 millones 580 mil personas, un incremento de 38.4 % con relación a diciembre del 2011.
CONSTITUCIONAL: Anulan sentencia a favor de Arturo del Tiempo
El Tribunal Constitucional suspendió la ejecución de la sentencia que ordenó devolver RD$ 20 millones a la sociedad Prado Universal Corp., y a su principal accionista Arturo del Tiempo Marqués, dictada por la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré el 20 de agosto del año 2015. Mediante el expediente 0089-16 la demanda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por la Procuraduría General de la República, Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional fue acogida por el Tribunal, suspendiendo la número 118-2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Los jueces firmantes concluyeron que tras ponerse en duda la competencia de jurisdicción penal de la jueza que conoció la acción de amparo, es pertinente adoptar la providencia excepcional de suspender la ejecutoriedad de dicha decisión.
ADMINISTRACIÓN MONETARIA: JM publica propuesta de Reglamento de Operaciones de Reporto
La Junta Monetaria, mediante la tercera resolución de fecha 7 de abril del año 2016, dispuso la publicación en las páginas web del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos del Proyecto de Reglamento de Operaciones de Reporto, el cual tiene por objeto regular las operaciones de reporto en moneda nacional o extranjera que realicen las entidades de intermediación financiera entre ellas, con el Banco Central de la República Dominicana y con otros inversionistas institucionales. El “reporto” es definido como la operación de transferencia de la propiedad de valores de oferta pública al “reportador”, quien se obliga a transferir al “reportado” en un plazo igualmente convenido, la propiedad de valores del mismo emisor y clase, contra devolución del precio pagado más un premio. Las operaciones de reporto constituyen un mecanismo mediante el cual las entidades de intermediación financiera pueden colocar o recibir recursos de corto plazo, lo cual favorece la gestión de liquidez bancaria, sin incurrir en riesgo crediticio o de contraparte. El Proyecto de Reglamento de Operaciones de Reporto busca promover el surgimiento de un mercado interbancario de corto plazo más profundo, líquido y sin riesgo crediticio o de contraparte para los participantes. El citado proyecto y el modelo de contrato genérico se encuentran disponibles en las páginas web del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos.