El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 396-19, cuyo objetivo es asegurar la legalidad de las actuaciones de los ministeriales actuantes y agentes que los asistieren en el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias. Esta ley tiene aplicación para la ejecución de medidas conservatorias y ejecutorias sobre muebles e inmuebles, así como para los actos comprobatorios propios de los embargos y apropiaciones inmobiliarias y desalojos de inmuebles y demás medidas para las cuales se requiera la presencia de la fuerza pública. El Ministerio Público es el órgano responsable del otorgamiento de la fuerza pública para las ejecutorias de las sentencias o de los títulos ejecutorios, a requerimiento de sus beneficiarios o de los titulares de los derechos. La fuerza pública que acompañe al ministerial solo podrá auxiliarlo en las circunstancias previstas en las disposiciones de esta ley y para llevar a cabo los actos para los cuales la ley les otorga autorización.
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