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Dedicamos el contenido esencial de esta entrega de Gaceta Judicial al derecho de la competencia.
Un colectivo de especialistas de primera línea aborda en todas sus complejidades las bases de regulación de la competencia como piedra angular de la economía de mercado. Este derecho inicia su articulación institucional en la República Dominicana con la Ley núm. 42-08 sobre Defensa a la Competencia venciendo trabas impensadas para su implementación definitiva. Doce años después, los balances han sido precarios. Y era previsible: tenemos una de las economías más concentradas de la región, dominada por fuertes esquemas oligopólicos con incidencia en los centros de poder. El accionar de las agencias reguladoras (en nuestro caso, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia —Pro Competencia—) se ha visto sensiblemente constreñido por estos condicionamientos.
La energía, la minería, las telecomunicaciones, el transporte de carga, la metalurgia, las contrataciones públicas de las grandes obras del Estado y más de cincuenta rubros de la industria, el comercio y los servicios, por solo citar algunos, se encuentran en manos de pocos operadores. Acceder, en condiciones mínimas de paridad, a sectores económicos controlados muchas veces por estructuras concertadas de dominación sigue siendo un escabroso reto. Hemos vivido la experiencia de inversionistas extranjeros que, traumados, han tenido que abandonar proyectos de desarrollo, ahuyentados por las presiones hostiles de núcleos oligopólicos en connivencia con agencias de gobierno. Basta recordar las reacciones que generaron en el pasado la realización, por parte de Pro Competencia de estudios sobre las condiciones de competencia en ciertos mercados y las circunstancias en que se produjo la salida de la primera presidenta de ese organismo, por los apremios de intereses afectados.
Hacer valer la competencia en un mercado de alta y desleal concentración es uno de los grandes temas pendientes en la agenda de nuestra competitividad. No es exagerado afirmar que los mismos patrones de autoritarismo que han regido la cultura política tradicional mantienen vigencia en los comportamientos de ciertos oligopolios en el mercado. Es por ello que el derecho de la competencia todavía luce como una esfera astral desconectada de la dinámica económica y la práctica jurídica en la República Dominicana. Y es que en esa materia falta mucho por construir, por eso el horizonte para explorar sus coordenadas se ofrece inmenso y desafiante.
No todo es gris: en el sector de las telecomunicaciones, pionero en la regulación de la competencia en la República Dominicana, ya hay una significativa jurisprudencia administrativa sobre soluciones a importantes casos al amparo de los principios que rigen la competencia leal, efectiva y sostenible, tutelados por la Ley núm. 153-98 General de Telecomunicaciones, en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.
En interés, precisamente, de fortalecer la comprensión de las bases dogmáticas, conceptuales, normativas y jurisprudenciales del derecho de la competencia comercial, ponemos en sus manos esta entrega de Gaceta Judicial, que antologa los trabajos de los mejores especialistas en la materia bajo la coordinación editorial asociada de Mirna Amiama Nelsen, una de las opiniones mas autorizadas en la materia, a quien agradecemos su empeño y rigor en esta edición especial.
[Edición núm. 395, agosto 2020].