JORGE SUBERO ISA: 10 años “surfeando” en la primera ola

José Luis Taveras
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Fabio J. Guzmán Ariza
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Jorge Subero Isa, el proactivo y vehemente presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha sobrevivido ileso de un ingente proyecto de reforma a un Poder Judicial esclerosado, vetusto y corrupto. Diez años después, cuenta sus penas y canta sus alegrías. Gaceta Judicial visita su despacho para hablar francamente con el hombre que, junto a quince magistrados más, ha motorizado un proceso que agota un decenio de cambios, entre loas, críticas e intrigas.

Para algunos la llamada “reforma” del Poder Judicial ha sido más cosmética que estructural; para otros, el cambio ha sido revolucionario. Cualquiera que sea la opinión, el Poder Judicial dominicano es otro. Ahora, el gran desafío es profundizar los cambios hasta tocar el código genético de la estructura judicial, generando una nueva visión y mística en sus actores y una satisfacción perdurable en sus usuarios. Es lo que Subero Isa llama “la segunda ola”. Esta aventura está llena de incógnitas y preguntas; asumirla, precisará del arrojo de un intrépido surfista ¿sobrevivirá en este esfuerzo?.
Parte de las respuestas están contenidas en esta entrevista realizada por José Luis Taveras y Fabio J. Guzmán Ariza y concedida con exclusividad a esta revista.

JOSE LUIS TAVERAS: Un decenio después: ¿más satisfacciones que decepciones?

JORGE SUBERO ISA: He tenido más satisfacciones que insatisfacciones. Una de las grandes satisfacciones, en el plano personal e institucional, es haber reivindicado el derecho de la sociedad dominicana a un Poder Judicial independiente. Creo que la República Dominicana en la actualidad tiene un Poder Judicial no solamente estable, sino con una independencia externa absoluta. Esa es una satisfacción que para cualquier gerente, como es mi caso, es muy grande.

Ustedes se preguntarán ¿un gerente en vez de un juez? Creo que la gran actividad que ha hecho el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia ha sido de gerente. Me ha tocado también la función de líder, en el sentido de que he roto con muchísimos esquemas y he tenido que liderar un proceso; no limitarme solamente al cumplimiento puro y simple de normas preestablecidas, que es el deber de un gerente. Concretamente entiendo que en la balanza debe de inclinarse necesariamente hacia el lado positivo.

JLT: En este proceso ha habido de todo, pero sobre todo descuellan las tramas y las intrigas políticas ¿Cómo ha podido sortearlas?

JSI; Los primeros años fueron de mucha incertidumbre; de mucha presión. Pero sobre todas las cosas de muchas intrigas. Al final, he logrado establecer que no fueron nunca intrigas personales.

Muchas veces, en la paz familiar, conversando con los demás miembros de la familia, me llenaba de satisfacción pensar que a pesar de todo nunca hubo un aspecto personal que se tocara. Hubo muchas manifestaciones e intenciones de que el proceso democrático del Poder Judicial no avanzara. Yo se lo atribuyo a la cultura de los politicos dominicanos en tener un Poder Judicial sumiso; rendido a sus pies.

¿Cómo pude soportar en esos primeros años tanto las andanadas y las críticas como las tramas de desestabilización de la institución? Se lo atribuyo única y exclusivamente a una cosa: No tuve ni asumí ningún compromiso politico ni de ninguna naturaleza con nadie. Nunca tuve, ni tengo aún, el miedo de que perder la posición iba a poner en juego la estabilidad económica de la familia. He logrado sobrevivir a todo esto porque no asumí ningún compromiso, ni tengo todavía, después de diez años, ningún compromiso con sector político o económico alguno; absolutamente con nadie.

Creo que el éxito de todos los servidores públicos está en llegar a las posiciones sin mayores condicionamientos, sin atadurasde ningún tipo, pero sobre todas las cosas con la decision y disposición de cumplir con el juramento hecho al momento de tomar posesión.

JLT: Si hoy fuere el último día de su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia ¿Aceptaría una nueva oportunidad?

JSI: En el discurso del 7 de enero de este año, condicioné mi permanencia a que se produjeran cambios profundos en la estructura judicial de la República Dominicana, principalmente en la propia Suprema Corte de Justicia, para darle cabida a lo que he denominado la “segunda ola” de reforma. Siempre entendí, y entiendo todavía, que durante los primeros años el pueblo dominicano, los grupos de la sociedad civil y los propios jueces, estábamos embarcados en un proceso que nos apartara más del modelo de dependencia judicial del pasado. Eso se ha logrado. Ahora tenemos que dar el segundo salto. Cruzar la barrera y llegar a la segunda ola. Me remito a lo que dije en esa ocasión, 7 de enero; una renovación que no pretendo, que no busco, que no imploro, que no voy a solicitar; solamente se produciría si se realizan esos cambios necesarios para seguir adelantando el proceso. Porque al permanecer de la misma manera, haciendo lo mismo, podemos retroceder.

La pretensión, al principio, era la independencia y renovación de las viejas estructuras del Poder Judicial; eso se logró. ¿Qué haría yo en la Suprema Corte de Justicia con un modelo agotado? Probablemente sea el único funcionario en el mundo que ha venido durante algún tiempo diciendo: “no quiero tantos poderes, quítenme atribuciones”. Repito, ese modelo se agotó. Si no insertamos el Poder Judicial en una nueva corriente, en una nueva ola, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia se convierta en un juez y deje de ser un gerente, no sera posible mantener y preservar los triunfos alcanzados.

JLT: ¿Estaría de acuerdo con la creación de un Ministerio de Justicia?

JSI: Un Ministerio de Justicia podría justificarse bajo diferentes ópticas. Una de ellas es que en todos los países, el Ministerio de Justicia es quien traza la política judicial del Estado. Muchas veces nos perdemos en que el Estado tiene un componente híbrido y que en los regímenes presidencialistas realmente la representación en primer lugar corresponde al presidente de la República, al Poder Ejecutivo.

Si no se producen los cambios a lo interno del Poder Judicial que he propuesto, necesariamente nos van a imponer desde fuera un Ministerio de Justicia o cualquier otro órgano que pueda realizar el trabajo que posiblemente no haga otro presidente en su rol de gerente de la Suprema Corte de Justicia.

Hasta ahora nadie dirige la política criminal del Estado, nadie dirige la política judicial del Estado. La política de construcción de edificios, de mantenimiento de los edificios (del Poder Judicial) corresponde únicamente y exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, con la carga que eso representa. Creo que, eventualmente, estamos abocados a un Ministerio de Justicia. Lo único que puede dilatar su creación es que a lo interno, con la propuesta que hice, se cree un tercer órgano que es el Consejo Judicial, que se encargue de todo el proceso administrativo y financiero del Poder Judicial, para compensar la carga que tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Conozco el proyecto del Comisionado. Le dije a Alejandro Moscoso que tenía la idea de que eso había que airearlo un poco más, posiblemente enriquecerlo. Lo encontré un poco tímido con respecto a lo que son las funciones. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay Ministerios o Secretarias de Estado de Justicia en algunos países que pueden vulnerar la independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso de España, el Ministerio de Justicia tiene una incidencia tan extraordinaria sobre el Consejo del Poder Judicial, que todos los empleados administrativos del Consejo, y por vía de consecuencia del Poder Judicial español, los define el Ministerio de Justicia, incluso los choferes de los magistrados son empleados del Ministerio.

JLT: ¿La corrupción judicial sigue siendo un gran desafío?

JSI: No al nivel que había a principios del año 1997. A lo interno del Poder Judicial la lucha contra la corrupción no es ya una prioridad, no es una agenda de la actual Suprema Corte de Justicia. Hemos creído más en la prevención. Hemos fortalecido, y ya para el próximo año tenemos nuevos planes de seguir fortaleciendo la inspectoría judicial, ampliando el concepto de inspectoría para llevarlo a una real y efectiva auditoría judicial que implique no solamente los roles internos, sino también el gerenciamiento de todo el aparato y la estructura judicial. Desde luego, cuantas veces hemos tenido noticias serias del mal comportamiento de uno de los jueces, los procesos disciplinarios se han ido cumpliendo fielmente, se han sancionado y se seguirá sancionando a los jueces corruptos. Pero no podemos decir que realmente constituya una gran prioridad del Poder Judicial.

De todas maneras estamos en la actualidad en un gran proyecto, no solamente de prevención y de lucha contra la corrupción, sino de transparencia, que es el Sistema de Integridad Institucional. Este sistema es un proyecto auspiciado por la USAID a través de la consultora DPK que tiene por finalidad transparentar todas las actividades judiciales y administrativas del Poder Judicial. Ese será uno de los puntos que se van a tocar en la próxima Conferencia del Poder Judicial. Pero realmente, sin descuidarnos en la lucha contra la corrupción, a lo interno del Poder Judicial no podemos decir que constituya una prioridad.

JLT: Por fin, ¿quién responde por la impunidad judicial en los casos de corrupción pública? ¿El Ministerio Público o los jueces? ¿Dónde está la falla?

JSI: Cuando se hace una evaluación de lo ocurrido en la República Dominicana con la corrupción pública, los resultados son desastrosos. Por corrupción se han producido muy pocas condenas y no han sido ejemplarizadoras.

A veces me pregunto: ¿Dónde está la falla? ¿está en los jueces?, ¿en el ministerio público?. ¿Está en la propia sociedad? La corrupción pública en la República Dominicana es muy amplia. Cambia constantemente, de gobierno a gobierno.

Lo que me atrae la atención de la llamada lucha contra la corrupción es que solamente se produce con los cambios de gobierno. ¿Por qué? ¿Es que las autoridades que tienen a su cargo la lucha contra la corrupción pública desconocen que cuando ellos ejercen sus funciones hay corrupción? ¿Por qué hay que esperar que venga un cambio de gobierno para que se ataque la corrupción que se cometió en el gobierno anterior?

Yo no soy de los que consideran que la corrupción pública está en la sangre de los dominicanos, ni que es endémica ni mucho menos sistémica: es una responsabilidad individual. He dicho que una de las formas que tenemos de combatir la corrupción es tratando de indagar a lo interno de cada funcionario público cuál es el techo de sus aspiraciones económicas. Eso nos va a dar la medida de hasta dónde pretende ser corrupto ese funcionario.

Tampoco creo que sea tan difícil probar la corrupción. Para mí la lucha contra la corrupción tiene un gran componente matemático o aritmético. La Dirección de la Carrera Judicial se convierte en un gran persecutor cuando un juez hace una declaración jurada de bienes y posteriormente nos enteramos o él mismo declara que tiene una cantidad mayor sin poder justificar la procedencia. Es matemático por ejemplo que se determine cuáles eran los bienes que tenía el presidente de la Suprema Corte de Justicia el 5 de agosto del año 1997 cuando juró cumplir la ley, y cual es el patrimonio que tiene en la actualidad.

JLT: ¿Son confiables las declaraciones de bienes de los funcionarios?

JSI: Deben ser comprobadas, auditarse, lo que no es difícil. Tengo el criterio, muy particular, de que el funcionario público dominicano corrupto difícilmente roba los dineros del pueblo para enviarlo a un banco en Gran Cayman o Suiza. Lo hace muchas veces para exhibir una abundancia pecaminosa: una buena casa, para que los amigos y compañeros del partido la vean; un buen carro, porque denota las condiciones económicas que tiene; una casa en la playa; posiblemente un apartamento en Miami. Pero después nadie roba en República Dominicana para tenerlo en una gaveta.

Por eso es que creo que aquí ha faltado decisión de real y efectivamente luchar de manera sincera en contra de la corrupción. Incluso mucha gente se enojó y yo decidí sacar de mi agenda el tema del fiscal anticorrupción que propuse. Vi gente que reaccionó muy airada, sin embargo, cuando hice la propuesta, no fue un invento, sino fruto de una conciencia y de la experiencia.

JLT: ¿Cuál sería su perfil del juez que estaría llamado a cubrir la inminente vacante en la Suprema Corte de Justicia?

JSI: Primero, de honestidad probada. Segundo, con un espíritu de trabajo indeclinable. Tercero, con vocación de servicio; que esté en disposición de alimentar sus conocimientos cada día más; que se actualice. No le pido más.

JLT: ¿Debe ser juez?

JSI: Debemos seguir respetando y manteniendo la carrera judicial, por eso debe ser juez, provenir de la carrera judicial. En un principio, cuando hice la propuesta en mi discurso del 7 de enero con respecto a quienes serían los jueces o las personas que deberían de cubrir las vacantes de los jueces de la Suprema, yo tenía un dilema a lo interno. Por la experiencia que tengo en diez años compartiendo con otros presidentes de cortes supremas, yo tenía dos posiciones: una, si queremos preservar la Suprema Corte de Justicia tenemos que darle participación al elemento político en la recomposición de la misma. El primer borrador de mi discurso hablaba de una proporción de académicos y de jueces. No podemos perder de vista jamás que en todos los países del mundo la Corte Suprema de Justicia es un núcleo político. No tengo miedo de compartir criterios e ideas jurídicas o políticas. Lo peligroso no es llevar políticos al tribunal; lo peligroso es llevar la política a los tribunales. Llegué a la conclusión, fruto de otros análisis, de que teníamos que preservar la carrera. Yo presenté el dilema: o la carrera judicial o la institución. Por eso propuse que debían provenir de la carrera judicial. Sin embargo, hay un área muy especializada –la sala constitucional- que yo considero, ante la eventualidad que se produzca, debe tener una composición de jueces de carrera judicial y de especialistas constitucionalistas, precisamente por las materias que podrían tratarse.

JLT: En un núcleo cada vez más amplio de usuarios calificados de los servicios judiciales existe la percepción de que hoy por hoy tenemos jueces menos corruptos, pero más deficientes en términos de formación y capacidad; ¿comparte ese criterio?

JSI: No estoy de acuerdo. Si vamos a los egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, en procesos que se están llevando a cabo en la actualidad, especialmente en el área del Distrito Nacional, el buen desempeño de los tribunales colegiados del Distrito Nacional no hubiera sido posible en otras circunstancias. Principalmente el desempeño que han tenido los jueces del Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Que haya algunos jueces que no estén dotados, quizás por la falta de experiencia, de todos los conocimientos o destrezas para el manejo de los procedimientos, es posible. Por eso es que en la próxima reunión del Consejo Directivo de la Escuela posiblemente reforcemos los planes de formación de los aspirantes a jueces de paz para darles más práctica. Pero no podemos perder de vista que de donde se alimenta la Escuela es de los abogados. Estos salen de las universidades y todo el mundo sabe el desastre que es la formación de los abogados en la República Dominicana. No podemos pedirle buena calidad, mejores jueces, cuando realmente los que ingresan a la Escuela de la Judicatura, que provienen de las Escuelas de Derecho, tienen una formación que deja mucho que desear. Sin embargo, yo soy de los que creen que la República Dominicana no va a tener un excelente sistema de administración judicial hasta tanto transcurran ocho o nueve años a partir de la fecha. Es cuando ya de la Escuela hayan egresado la cantidad de jueces necesarios.

FABIO GUZMAN ARIZA: Permítame preguntarle de manera específica sobre las reformas de códigos y leyes importantes. Omitiré mencionarle el Código Procesal Penal porque ha sido objeto ya de suficiente discusión en todos los ámbitos. Comenzaré con la nueva Ley 108-05 de registro inmobiliario, en vigencia desde abril de este año. Esa reforma ¿es autóctona o procede de alguna legislación foránea?

JSI: Han tratado de vender la idea de que es un proyecto argentino. Realmente fue fruto de una consultoría de mucha gente, nacionales y extranjeros. Fueron los técnicos dominicanos los que le dieron realmente forma a lo que es hoy la Ley 108-05. Incluso durante el proceso de redacción, en mi calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, no falté a una sola de las sesiones, no solamente de la ley, sino de los cuatro reglamentos que posteriormente se originaron a consecuencia de ella. Originalmente yo era partidario de que, en vez de hacer una nueva ley, modificáramos la 1542 del 1947. En la comisión que discutió el asunto, integrada mayormente por jueces de la Suprema, se impuso la mayoría. He tenido siempre el temor de que, al introducir en bloque una legislación, perdamos parte importante de jurisprudencia la aplica y de doctrina que la interpreta. Pero se dio el fenómeno de que hubo que cambiar la ley. Por fortuna mantuvimos en la Ley de Registro Inmobiliario los principios fundamentales del Sistema Torrens. Básicamente, lo que ha permitido la nueva ley es insertar la tecnología moderna en las operaciones inmobiliarias. Las notificaciones por vía de alguacil han sido un éxito, pero lo más extraordinario de la jurisdicción inmobiliaria han sido las salas de consultas, donde las instituciones de crédito accesan directamente a través de la Internet a la base de datos que tiene el Registro de Títulos. A través de la GPS del Distrito Nacional, las mediciones que hace Mensura Catastral cuentan con una exactitud matemática.

FGA: Se notó cierta desorganización con la puesta en vigencia de la Ley 108-05 y sus reglamentos de aplicación. Por ejemplo, el reglamento de mensura aprobado en febrero de 2007 fue completamente sustituido por otro de julio de 2007. ¿Por qué?

JSI: Lo que pasó es que el primer reglamento de mensura se dictó cuando no estaba vigente la Ley 108-05, y si se observa, fue un auto del presidente de la Suprema, porque ya se habían comprado unos equipos de GPS y no había forma de que los agrimensores y la Dirección General de Mensura Catastral pudieran aplicar esos conocimientos. Pero claro que no hubo ningún cambio; estaban previstos esos reglamentos. Lo mismo pasó con el Código Procesal Penal, que tuvimos que dictar recientemente la tercera normativa procesal penal, la cual tiene reglamentos que no estaban vigentes en apenas seis meses anteriores. Quiero aclarar que fue un proceso. Las mismas dificultades que tuvimos con el Código Procesal Penal, las vamos a tener. Eso lo viví en el año 1978 con la modificación de la Ley 834. Creo que a corto plazo tenemos que ajustarnos.

FGA: ¿Usted es partidario de que una reforma a nuestros Códigos Civil y de Procedimiento Civil mantengan su atadura a la legislación francesa o abrirse a la codificación latinoamericana?

JSI: Hay un movimiento de algunos jueces que entienden que debemos acercarnos más al área Iberoamericana; se quiere incluir a España y también Suramérica. Pero ha sido el movimiento más en el área de procedimiento civil que en el Derecho Civil.

Lo que pasa es que en Francia han tenido éxito con su Código Civil porque lo han ido reformando. Estuve presente cuando se celebró el bicentenario del Código Civil en la Sorbona en París y ví que quedaba muy poco del Código de 1804. Es más, el gran ausente en la celebración del bicentenario del Código Civil fue Napoleón. Pero nosotros ni siquiera eso hemos hecho; tenemos una cultura francesa. ¿Qué ha hecho atractivas la jurisprudencia y la doctrina latinoamericanas (chilena, argentina, española, colombiana, peruana, costarricense)? El idioma. Todavía en la época en que yo estudiaba en la universidad el francés era una materia obligatoria, por lo menos en la traducción de textos jurídicos, y nosotros leíamos en francés con la misma facilidad que lo hacíamos en español. Pero eso desapareció de las universidades. Ahora es más fácil entender las cosas en el propio idioma, y eso lo hace más atractivo. Si el Código Procesal Penal no hubiese sido en idioma español, no fuera tan atractivo como ha sido en la literatura jurídica. Yo me conformaría con que el Congreso Nacional apruebe el Código Civil que elaboró la comisión que el presidente Leonel Fernández en su primera gestión había designado y que más o menos nos acerquemos a lo que estamos poniendo en práctica.