Félix Gerónimo

¿Representa Haití una amenaza para la República Dominicana? Quiero decir: ¿amenaza la seguridad nacional dominicana, los recursos, los puestos de trabajo, o, incluso, la cultura nacional?

Las perspectivas en torno al futuro de la nación haitiana y las consecuencias que pueda tener para la República Dominicana no se pueden abordar si no es a través del tema de la migración. La frontera domínico-haitiana ha sido durante más de cincuenta años el indicador, no sólo de la situación económica y política de Haití y hasta qué punto puede afectar a la República Dominicana, sino también de una conflictividad latente en las relaciones entre dominicanos y haitianos.

En un escenario hipotético en el cual los nacionales haitianos no insistieran en cruzar la frontera y los dominicanos no insistieran en vejarlos y deportarlos, no habría conflicto; los haitianos vivirían con sus problemas en Haití y los dominicanos con los suyos en la República Dominicana. Pero la situación es otra.

Las consecuencias de la crisis económica y, o, de la inestabilidad política de Haití, las padece la República Dominicana a través de la frontera. A través de ella las aguanta, allí tendrá que resolverlas, allí tendrá que preverlas. Si Haití explotara, la onda expansiva de la explosión cruzaría primero el Masacre, a pie, penetraría por la franja fronteriza y rompería los cristales de la República Dominicana de Oeste a Este. No es un deseo ni un presagio, ni una profecía. Es una metáfora.

No es descabellado considerar a la frontera el indicador de cómo lo que pase en Haití pueda afectar a Dominicana. En varias ocasiones ha habido temores de un desbordamiento de refugiados haitianos hacia la República Dominicana. A principios de los noventa (periódico El País, 21 de febrero de 2004) miles de haitianos cruzaron la frontera y tuvo que intervenir ayuda exterior. En 2004, en momentos en que los rebeldes haitianos se rebelaron contra el gobernante haitiano, comenzaron la revuelta tan cerca de la frontera que los soldados dominicanos podían ver sus maniobras y en la República Dominicana se temió un éxodo masivo como el de los años noventa.

La migración: global

La migración es uno de los temas clave del siglo XXI. Se debe a varios factores.
De 6 mil 500 millones de habitantes que tiene hoy el mundo, la población pasará a ser de 9,000 millones en el año 2050; la gran mayoría la tendrán los países menos desarrollados, cuya tasa de nacimiento es 10 veces más alta que la de los países ricos.

Las necesidades económicas empujan a cada vez más gente a buscar mejor vida fuera de su país. Muchos acuden a los consulados en busca de visa; algunos la obtienen. Muchos se aventuran en los viajes ilegales. En la frontera con México, las patrullas fronterizas de los Estados Unidos arrestan un millón de inmigrantes ilegales al año.

Haití

Haití ocupa una tercera parte de la isla de Santo Domingo: un territorio de casi 28,000 kilómetros al cuadrado. En informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en 2007, a Haití le corresponde el Índice de Desarrollo Humano más bajo de América: 0,529. Lo que significa que la esperanza de vida de la gente es baja, que hay alto nivel de analfabetismo y un bajo nivel de vida: en resumen, que la calidad de vida es pésima.

Según el último Censo General de la Población y del Hábitat, de 2003, Haití tiene una población de 8,4 millones. El informe Panorama Social de América Latina 2007, de la CEPAL, proyecta esta población en 10 millones para 2010.

Este es uno de los países más jóvenes del mundo: más de la mitad de la población tiene menos de 21 años, la mitad mujeres. Hay 54,4% de la población activa, o sea, la que quiere trabajar y legalmente puede hacerlo. De ellos, está ocupado el 49,6%, y, de ese porcentaje que está trabajando, el 82% es trabajador independiente. El 61% de la población está alfabetizada. El 1,1% se graduó de la universidad. La tasa de fertilidad es de 4 niños por mujer. El aumento de la tasa demográfica es de un 5% anual. Esos datos de 2003, publicados en 2005, siguen ilustrando a la perfección el informe de la ONU.

Desde 2003, las condiciones han mejorado, aunque no significativamente. En ese tiempo, el producto interno bruto per cápita se estimaba en 1.700 dólares. En 2006 el Fondo Monetario Internacional lo promedió en 1.840 dólares, y estimó su crecimiento en 1.914 para 2007 y 1.994 para 2008.

República Dominicana

La República Dominicana ocupa las otras dos terceras partes de la isla de Santo Domingo. Casi 49,000 kilómetros al cuadrado. Su población, en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, se estimó en 8,6 millones de habitantes. La Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe estima que hacia 2010 la población dominicana será de poco más de 10 millones.

Hacia 2002, el crecimiento de la población presentaba un ritmo de 1.79%. Según el censo, el 50% de la población no había cumplido 30 años. El número de hombres y de mujeres es parejo. El 83% de la población está alfabetizada. La tasa de fertilidad era de 2,81 hijos por mujer en 2007.

El producto interno bruto per cápita que informa el Fondo Monetario Internacional es de 8.050 dólares en 2006, con una proyección de 10.241 para 2007 y 10.732 para 2008. Su desarrollo humano es medio, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, tiene puntuación de 0,779.

Aproximadamente un 4% de la población dominicana ingresa a la universidad, según datos de 2005, fecha en que se habían matriculado 336,000 estudiantes. La Secretaria de Educación de entonces afirmó que el 70% deserta, lo que indica que poco más del 1% se gradúa.

El desempleo, dice la Oficina Nacional de Estadística, es de 16.1%; la tasa de ocupación, de 46.5%. La población activa es de 54%. Para el año 2005 el porcentaje de empleados informales era de 56% de las personas ocupadas, según la Unidad de Información Social de la Presidencia.

República Dominicana y Haití

República Dominicana y Haití son dos países pobres que comparten la misma isla, separados por una frontera convencional de 382 kilómetros y un río, el Masacre.

Se cuentan entre los países más pobres de América, si bien Haití supera a República Dominicana. Se estima que es el país más pobre de América Latina y el Caribe.

La CEPAL ha dicho que el 45% de la población dominicana es pobre; el 22% vive bajo la línea de la indigencia, es decir, es demasiado pobre. Acerca de Haití, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) alertó que “3,8 millones de personas, la mayor parte en zonas rurales, pasan hambre”.

Relaciones domínico-haitianas

El enfrentamiento militar, el conflicto político y la necesidad económica han caracterizado las relaciones domínico-haitianas. Haití proclama su independencia de Francia en 1804. En 1822 coloniza La Española. En 1844, La Española proclama su independencia de Haití, al tiempo que adopta el nombre definitivo de República Dominicana. En su retirada hacia el Oeste, el ejército haitiano quema varias aldeas de la República Dominicana. En 1937 el dictador Rafael Leonidas Trujillo ordena el genocidio de una cantidad indeterminada de haitianos en la zona fronteriza entre la República Dominicana y Haití. Se discute el número de los que murieron: entre 3,000 y 30,000.

Desde la muerte de Trujillo se ha incrementado la inmigración haitiana hacia el territorio dominicano y el comercio informal, en la franja fronteriza, de los nacionales de los dos países. Se estima (periódico Clave Digital, 25 de noviembre de 2007) que el negocio mueve 33 millones de dólares al año y que por cada 43 dólares que exportan los dominicanos hacia Haití, los haitianos exportan un dólar hacia la República Dominicana.

Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, los Estados haitiano y dominicano suscribieron acuerdos de contratación de braceros haitianos, a quienes se transportaba a la República Dominicana en determinados períodos o zafras de corte para que trabajaran y luego se los transportaba de vuelta a su país. Muchos terminaron quedándose y constituyeron los bateyes, o sea, comunidades formadas por una totalidad o mayoría de haitianos, que en principio nacieron al lado o alrededor de las plantaciones de caña e ingenios azucareros y cuyas condiciones de vida son infrahumanas. Otros migraron a otras comunidades dominicanas a realizar trabajos de agricultura, tales como la cosecha de café. Luego entraron a las ciudades. Santiago de los Caballeros, Higüey, La Vega, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y otras tienen zonas con una fuerte presencia de haitianos.

A la par de las discusiones políticas en torno a la inmigración de haitianos, el comercio se regulariza. Los importadores haitianos compran mercancías en la República Dominicana, sobre todo comida, y la transportan para venderla en su país. Los exportadores dominicanos exportan grandes cantidades hacia Haití. Los exportadores haitianos introducen grandes cantidades de ropa y de electrodomésticos en la República Dominicana. Cada lunes y cada viernes, cientos de haitianos cruzan la frontera para comprar y vender. No todos retornan a sus casas, algunos cruzan para quedarse.

Migración haitiana y conflictividad en las relaciones domínico-haitiana

Quizá la mejor mercancía implicada en el comercio domínico-haitiano, la más abundante, la más barata, sea la mano de obra haitiana.

En enero de 2006, Colette Lespinasse, coordinadora de la organización haitiana Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, en entrevista para el Instituto de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (NSTRAW), afirmó que dos millones de haitianos viven fuera de Haití: un millón en Estados Unidos y 800,000 en la República Dominicana, que se convierte en su segundo destino. En su Informe de Desarrollo Humano de 2005, la ONU estimaba en un millón, doscientos mil (1,200,000) los haitianos en la República Dominicana. La mayoría, se ha dicho, inmigrantes irregulares, o, lo que es lo mismo, residentes de manera ilegal.

No todos los ciudadanos de Haití que cruzan hacia la parte Este de la isla son pobres, no todos son ilegales y no todos andan en busca de trabajo poco calificado y, por lo mismo, mal pagado.

Haití, como cualquier nación, tiene ciudadanos ricos, comerciantes y profesionales altamente calificados que instalan residencia en la República Dominicana. Esos residen legalmente en Dominicana y desempeñan allí o desde allí sus actividades. Otros son estudiantes en las universidades dominicanas. El presente artículo no trata acerca de ellos.

Este artículo se refiere a ese haitiano ilegal que se aventura en la frontera y la cruza para ofrecer su mano de obra barata en la República Dominicana. Su migración y permanencia en la República Dominicana tiene dos características que la convierten en una situación conflictiva, incómoda para el Estado dominicano. La primera es precisamente su estatus de ilegal en el territorio dominicano. La segunda es que el Estado dominicano no ha sabido manejar una política de migración adecuada.

A su vez la conflictividad opera en dos frentes. Uno es “el terreno”: los haitianos presionan por cruzar y quedarse en territorio dominicano, lo que los hace vulnerables ante los vigilantes de la frontera y otros encargados de hacer cumplir las leyes de migración. A menudo son objeto de extorsión, maltratos, deportaciones vejatorias y otros padecimientos.

El otro frente en que se opera la conflictividad es el de los intelectuales que vienen protagonizando la interminable discusión que se ha desatado en torno al tema. De un lado están los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos. Del otro los defensores de la soberanía del Estado dominicano para decidir en materia de migración.

Soberanía del Estado versus Derechos Humanos de los migrantes

Los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos no se cansan de decir que en la República Dominicana hay racismo y xenofobia, y que se maltrata a los haitianos. Cuestionan la inhumanidad de las deportaciones. Alegan que en la República Dominicana hay un sentimiento de “antihaitianismo”, que voy a llamar “antihaitianismo histórico”, porque, según ellos, puede encontrarse su origen en la guerra de independencia de 1844; fue fomentado por el dictador Trujillo (1930-1961), y apoyado posteriormente por el presidente Balaguer (1966-1978).

Entienden que los haitianos de segunda y tercera generación nacidos en la República Dominicana, esto es, los hijos de inmigrantes haitianos y los hijos de los hijos de inmigrantes haitianos nacidos aquí, tienen derecho a que el Estado los reconozca como dominicanos, aunque sus padres residan en el país de manera ilegal. Afirman que es la Constitución dominicana la que establece ese mandato en el artículo 11: “Son dominicanos todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él”. Afirman que una persona que ha pasado un tiempo considerable en territorio dominicano, digamos varios años, aunque sea ilegal no está ya de tránsito, por tanto, debe declararse dominicano, no sólo a esa persona, sino a los hijos que le nacieran. Afirman que en la República Dominicana se explota, se desconsidera y se maltrata a los haitianos.

Por su parte, los defensores de la soberanía del Estado dominicano niegan que en la República Dominicana haya xenofobia y racismo. Dicen que tal argumento forma parte de un plan “macabro” de un grupo de organizaciones y países para dañar la imagen de la República Dominicana ante el mundo. Advierten que la comunidad internacional, entiéndase Estados Unidos, Canadá y Francia principalmente, tienen que hacerse cargo del “problema haitiano”, esto es, ayudar económicamente a Haití para que cese la presión que los nacionales haitianos ejercen sobre la frontera dominicana. Expresan que Haití es un Estado fallido que necesita que la comunidad internacional lo intervenga. Dicen que la República Dominicana no puede con el gravamen que significan los haitianos en su territorio y que éstos ocupan los puestos de trabajo de muchos dominicanos. Defienden las deportaciones como un derecho del Estado en tanto que es política migratoria. Consideran que los haitianos que carecen de residencia en la República Dominicana están de tránsito y que a ellos hace también referencia el artículo 11 de la Constitución dominicana.

En estos dos grupos encontramos los dos argumentos básicos que orientan una discusión mundial y actual que tiene ocupados a muchos Estados y a muchas organizaciones: la soberanía del Estado versus los derechos de los migrantes. Y en medio del fuego cruzado, más de los 191 millones de migrantes que informa la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es decir, el 3% de la población mundial, a razón de una por cada 35 personas, con una tasa de crecimiento anual de 2,9%. De ellos, 30 ó 40 millones son ilegales, esto es el 15 ó 20% de la totalidad de migrantes. Desde ese punto de vista se entienden los reclamos que las organizaciones de derechos humanos hacen sobre los límites de la autoridad del Estado. Desde ese punto de vista también se entiende la apelación de los que defienden la soberanía a la discrecionalidad del Estado para incorporar preocupaciones sobre seguridad, limitaciones de recursos, etcétera, que le permiten ejercer determinado control de admisión y expulsión de migrantes.

Sin embargo, y es lamentable, los discursos de ambos bandos están plagados de demagogia. Es imposible encontrar entre los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes haitianos y entre los defensores de la soberanía del Estado dominicano un discurso que no esté viciado, un discurso imparcial, objetivo, alejado de la pasión de la disputa, que intente un análisis sereno de la situación, sin manipular la información ni tergiversar los datos.

Los que defienden los derechos de los migrantes parten de especulaciones irresponsables que obvian la complejidad de la situación. Cualquier hecho aislado de maltrato a un haitiano por parte de un dominicano sirve a este grupo de base para reafirmar su discurso de la xenofobia. Para colmo, insisten en que el Estado dominicano tiene que asumir un rol paternalista con respecto a los migrantes de Haití, descartando de antemano el derecho que el Estado tiene a decidir sobre aspectos de migración tan puntuales como quién entra, quién se queda y quién puede ser deportado, así como los criterios a emplearse para tomar esas decisiones.

Por su lado, los defensores de la soberanía del Estado no hacen más que refutar cada vez que una organización nacional o internacional de derechos humanos informa de maltratos a los haitianos en la República Dominicana y acusa al Estado de xenófobo y exige que asuma a los inmigrantes. Detrás de ellos se esconde la irresponsabilidad de un Estado dominicano que no ha querido asumir el problema de la migración haitiana en sus reales dimensiones. Un Estado que hace tiempo debió diseñar una política de gestión migratoria respetuosa de los derechos de los migrantes, pero firme, clara y coherente, respaldada en el hecho imponente de su soberanía.

Resulta que la disputa no lleva a ninguna parte, resulta que no sólo es un callejón sin salida, sino que es interminable. Para terminar con ella y resolver el conflicto, hace falta la intervención decidida del Estado dominicano. Ese es el desafío.

El desafío del Estado

Según Gonzálvez Pérez, teórico de las migraciones, en una relación ideal de migración internacional, como la que nos ocupa, deben conjugarse cuatro factores. Uno es la situación de desequilibrio entre el crecimiento demográfico y el desarrollo económico que se opera en el Estado de origen, es decir, el Estado de donde procede el migrante. Un segundo factor consiste en las posibilidades de absorción de mano de obra y la garantía de unos atractivos sociales en la nación de destino, o sea, la que recibe al migrante. Un tercer factor tiene que ver con las facilidades que tenga el migrante para desplazarse de la nación de origen a la de destino. Y el cuarto se refiere a la necesidad de que el migrante cuente con los recursos y apoyos necesarios para el traslado y posterior instalación en el nuevo Estado.

En el caso de la migración haitiana hacia territorio dominicano, se constata el primer factor. No cabe duda que los nacionales haitianos que cruzan la frontera son pobres, a veces indigentes. Y la tasa de crecimiento de su población es alta. La tabla 1 es elocuente al respecto.

Según el segundo factor, la República Dominicana debería tener la posibilidad de absorber la mano de obra haitiana, además de garantizarle una estadía digna, por lo menos decente en la República, poniendo a su disposición los beneficios de una vivienda, de un sistema de salud y de un sistema de transporte. De eso al menos. En los países desarrollados de Europa Occidental y de América del Norte, y en Japón, un sistema de pensión es un derecho y unas jornadas mínimas de trabajo han sido conquistadas con orgullo.

La República Dominicana no puede ofrecer una sola de todas las posibilidades. No puede ofrecérselas ni siquiera a los dominicanos. Podemos comenzar por la “absorción de la mano de obra” del inmigrante. Se ha dicho que, en tanto que la población activa es de 54%, la población ocupada es de 46.5%. Pero el 56% de esa población ocupada trabaja en el sector informal. El problema del desempleo en la República nos dice, ante todo, que faltan puestos de trabajo aun para los dominicanos... y nos informa de otras realidades, por ejemplo que un jornalero apenas gana 150 pesos por día y que el sueldo mínimo para los empleados privados oscila entre 4,485 pesos dominicanos (± US$ 132) y 7,360 pesos dominicanos (± US$ 217).

En cuanto a las facilidades de desplazamiento, el inmigrante que nos ocupa es el que entra de manera ilegal a la República Dominicana. Podría tener el pasaje, podría no tenerlo. Aunque lo tuviera, su situación irregular le impide presentarse como pasajero de una de las personas o empresas que transportan pasajeros entre Haití y la República Dominicana.

Si este inmigrante irregular ingresa a territorio dominicano, podría reunirse con amigos o familiares, o incluso hacer amigos nuevos. Estas relaciones y las circunstancias en que ellas se dan distan mucho de contar con el apoyo y las garantías de un Estado al tanto de su población de migrantes. Los haitianos inmigrantes en la República Dominicana sobreviven a duras penas.

La consideración de las limitaciones que la República Dominicana encuentra para albergar a unos inmigrantes que llegan en masa, que representan una cantidad significativa de la población, que vienen a ocupar puestos de trabajo y que en la mayoría de los casos son ilegales, reviste una importancia fundamental para la política migratoria que el Estado dominicano está obligado a trazar.

Aun cuando esa política migratoria no puede discriminar, es decir, que sus destinatarios tienen que ser todos los inmigrantes, con independencia de su nacionalidad, la realidad de la inmigración haitiana tiene un peso específico determinante para el diseño y gestión de esa política. Y otro peso específico lo constituyen las propias limitaciones del Estado.

Fundamentos de una política de gestión migratoria

Una política de gestión migratoria de la República Dominicana debe hacerse en base a varios elementos.

Como preámbulo, una política migratoria tiene que formar parte de un plan general de Estado, que considere otros elementos de política pública, entre ellos la política laboral, la política de las relaciones exteriores y la política demográfica.

La legislación en la política migratoria

Fundamento de esta política en una nación que dice ser un Estado de Derecho es la legislación. En ella se concreta la política migratoria y en ellas se fundamentan de antemano las medidas necesarias para dirigir la migración, lo que implica los criterios de autorización de entrada, otorgamiento de residencia, inspección fronteriza y respuesta a la entrada y estancia ilegal. Acompañan a esta legislación los reglamentos que la hacen operativa y los procedimientos en los que tiene que basarse la conducta de los funcionarios y empleados de migración en el desempeño de sus funciones.

Esa legislación debe tener un propósito, que en el caso particular de la República Dominicana puede perfectamente ser el de prevenir la migración ilegal y promover la cooperación internacional en el campo de la migración.

Normas que preceden, nutren y orientan una legislación en migración son, entre otras, la Constitución del Estado, el Código Penal, los tratados internacionales, convenciones, e instrumentos que el Estado ha suscrito. Y otras legislaciones, como el Código de Comercio, Ley de Salud y las normas de agricultura.

Soberanía, legislación y política migratoria

La política sobre migración, y en especial la legislación, jamás puede ser temerosa ni tímida con respecto reafirmar que el Estado dominicano es soberano para decidir qué política migratoria le conviene. Lo cual quiere decir que la primera responsabilidad del Estado es para con sus ciudadanos. Es a ellos a quienes tiene que garantizar ante todo una vida digna, empleo, educación, salud, vivienda. La política migratoria se fija sobre la base de la medida en que los Estados hayan podido garantizarles esos derechos a sus ciudadanos.

“Se reconoce –dice la Organización Internacional para las Migraciones- que los Estados tienen la autoridad para decidir individualmente la forma en que desean gestionar la migración relacionada con su propio territorio. Los Estados tienen la responsabilidad primaria de sus propios ciudadanos y fijan los términos para la admisión, residencia y remoción de extranjeros”, si bien ese control no es completo, sino que tiene limitaciones, entre ellas la más importante: el respeto a los derechos de los migrantes, sean quienes sean, vengan de donde vengan e independiente de si son legales o ilegales.

“Una premisa fundamental de soberanía nacional –dice la OIM- es que un Estado tiene el poder para determinar a los no nacionales que admite en su territorio, para expulsar a los no nacionales bajo ciertas circunstancias, para controlar sus fronteras, y para hacer lo necesario para proteger su seguridad. Sin embargo, este poder para gestionar la migración debe ser ejercido con el pleno respeto a los derechos humanos fundamentales y libertades de los migrantes que se otorgan bajo un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario”.