Los gobiernos de Leonel Fernández estuvieron marcados por una suerte de caudillismo corporativo.
Fernández tempranamente comprendió que para permanecer en el poder el modelo de Bosch no era una elección históricamente aconsejable, por eso abrazó el caudillismo de Balaguer. Lo afirmó, modernizó, burocratizó y lo impuso como cultura de poder con artificiosas apariencias institucionales.
Esa concepción corporativista estuvo sustentada por una concentración orgánica o colegiada del poder en el que el reparto de los ministerios del Estado nunca respetó criterios de competencia, idoneidad o calificación sino simples méritos jerárquicos dentro de la organización y los más privilegiados fueron los miembros del Comité Político o los más leales cortesanos del líder.
Cada funcionario se asumió como dueño de un feudo. Esa autonomía fáctica, subjetiva y autocrática se entronó tanto en la Administración que los despachos expresaron la impronta personal de sus inamovibles titulares. Eso hizo que muchos de ellos se convirtieran en figuras repulsivas e impopulares. Su soberbia le ha reportado las más bajas calificaciones al partido oficial.
A pesar de los loables esfuerzos del presidente Danilo Medina por proyectar un gobierno cercano, solidario y sencillo, parte de sus funcionarios socavan esas intenciones con actuaciones destempladas, arbitrarias e intolerantes. Esos comportamientos responden, en cierta medida, a su convencimiento de que por ser de la cuota del expresidente Leonel Fernández en la actual Administración tienen derechos adquiridos; sus desafueros se harán más explícitos cuando el calendario electoral nos acerque al 2016. Esos funcionarios son los verdaderos adversarios políticos del presidente Medina y representan en el imaginario popular la pesadilla de otro gobierno del PLD.
¿Qué hacen todavía los ministros precandidatos en sus puestos? Obvio: aprovechar los recursos, las oportunidades, las relaciones y las facilidades del poder para apuntalar sus aspiraciones. Pero nadie puede reclamarles.
Para tener una idea empírica del desempeño autocrático de la Administración Pública nada más hay que contar los recursos de amparo y contenciosos que diariamente conocen los tribunales administrativos en contra de sus actos y decisiones, especialmente del Ministerio de Industria y Comercio y de la Autoridad Portuaria Dominicana.
Muchos de esos funcionarios están haciendo negocios con sus puestos subordinando políticas públicas a favor de intereses particulares como compensación a favores electorales. Algunos de esos despachos responden primero a esas agendas que a las orientaciones del Ejecutivo. Ojo avizor, señor Presidente, usted nada más necesita un decreto.
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