La economía dominicana está enferma; amerita una atención intensiva.
Con un desenvolvimiento aparentemente aceptable, los índices macroeconómicos tienen un efecto alucinante. Nos trasmiten una falsa apariencia de estabilidad, pero la base de su sostenibilidad es muy frágil. No soporta una contingencia de cierto impacto, sobre todo en una economía tan abierta y vulnerable a los choques externos.
Dentro de su crítico cuadro clínico, existe una condición potencialmente catastrófica: el endeudamiento. Durante los últimos tres gobiernos la inversión pública se ha estado financiando con base en una política adictiva de préstamos. Para finales del presente año la deuda puede alcanzar el 48 % del producto interno bruto (PIB). Se estima que el Presupuesto General del Estado para el año 2015, sometido al Congreso por el Gobierno, y que asciende a unos RD$ 630,934 millones, además de presentar un déficit de 2.5 % del PIB, consumirá unos RD$ 180,500 millones solo en el pago de los servicios de la deuda pública, equivalente al 40.0 % de los ingresos fiscales y más del 28.6 % del gasto total presupuestado para el año próximo. Esa tendencia se mantendrá creciendo. Basta considerar que los últimos quince meses el Gobierno ha hecho tres emisiones de bonos por US$ 2,750 millones.
Con una balanza comercial y corriente deficitaria, una reducción de los gastos en consumo y una tasa de desempleo de casi un 15 % de la población económicamente activa, sin una cartera de inversión extranjera que pueda amortiguar el peso de esta realidad, los horizontes no lucen muy auspiciosos.
El Gobierno tiene que sujetarse a un régimen de disciplina del gasto corriente, además de determinar criterios de racionalidad en su endeudamiento. En otros países donde existen parlamentos funcionales conformados por entes pensantes, este órgano constituye un importante contrapeso para las políticas de endeudamiento del Gobierno central. Nuestros legisladores son una muestra patética del servilismo partidario en nombre del cual reniegan la elevada representación que teóricamente les han delegado sus comunidades, para, en cambio, aceptar las líneas de los órganos de dirección de sus partidos. De manera que estamos al amparo de la prudencia del Poder Ejecutivo.
Nuestro llamado al presidente Medina para que pondere sus decisiones con sentido de comedimiento y sensatez.
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